La situación de los cristianos perseguidos en Nicaragua ha generado creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos años, el gobierno nicaragüense, liderado por el presidente Daniel Ortega, ha intensificado las medidas represivas contra las comunidades religiosas, especialmente contra los cristianos que han criticado abiertamente las políticas gubernamentales.
Desde las protestas masivas de 2018, donde miles de nicaragüenses salieron a las calles para manifestarse contra las reformas del sistema de seguridad social y la creciente autocracia de Ortega, las iglesias cristianas han jugado un papel crucial en brindar refugio y apoyo a los manifestantes heridos y perseguidos. Este acto de solidaridad no ha pasado desapercibido para el régimen, que ha respondido con violencia y hostigamiento.
Sacerdotes y líderes religiosos han sido objeto de intimidaciones, detenciones arbitrarias y campañas de difamación. En algunos casos, las iglesias han sido atacadas y sus propiedades dañadas por simpatizantes del gobierno. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que el gobierno ha usado tácticas como vigilancia constante, amenazas de muerte y acoso judicial para silenciar a los clérigos críticos.
Un caso emblemático es el del obispo Rolando Álvarez, una voz destacada en la denuncia de los abusos del régimen. Álvarez fue detenido en agosto de 2022 bajo cargos de “conspiración para desestabilizar el país”. Su arresto provocó condenas internacionales y llamados a su liberación por parte de grupos de derechos humanos y líderes religiosos de todo el mundo.
La persecución de los cristianos en Nicaragua no solo afecta a los líderes eclesiásticos, sino también a los fieles. Muchos feligreses han reportado ser vigilados y acosados por asistir a misas o participar en actividades de la iglesia. La situación ha llevado a un clima de temor y autocensura dentro de las comunidades religiosas.
La comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha instado al gobierno de Ortega a cesar las hostilidades contra los cristianos y respetar la libertad religiosa y los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, hasta la fecha, la represión continúa, sumiendo a Nicaragua en una crisis de derechos humanos cada vez más profunda.

