En 2024, los cristianos en Nicaragua y Cuba enfrentan condiciones de persecución alarmantes, impulsadas principalmente por gobiernos que ven en la iglesia una amenaza a su autoridad. En Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, la persecución a los cristianos ha escalado desde 2018, con un total de 667 ataques registrados en iglesias y otras propiedades cristianas, que incluyen confiscaciones de bienes, arrestos y exilios de líderes religiosos. El gobierno de Ortega ha promovido leyes y medidas restrictivas, eliminando la posibilidad de libre expresión y organización religiosa en el país. Las iglesias son vistas como focos de resistencia, y sus líderes son objeto de vigilancia constante y amenazas de exilio
En Cuba, la situación es similar. El régimen comunista sigue imponiendo restricciones a la libertad religiosa, limitando las actividades de las iglesias y restringiendo los permisos para construir nuevos templos. Pastores y líderes cristianos son vigilados y, en muchos casos, detenidos o intimidados por el gobierno. Esta persecución en Cuba ha derivado en una situación en la que los cristianos deben practicar su fe en condiciones de control y censura, enfrentándose a sanciones y restricciones cuando participan en actividades comunitarias o expresan opiniones contrarias a la ideología oficial.
Ambos países han implementado políticas que restringen la libertad de culto, en un intento por reducir la influencia de la iglesia en la vida pública. A medida que los gobiernos de Nicaragua y Cuba refuerzan su poder, la persecución a las comunidades cristianas se intensifica, limitando el ejercicio de su fe y exponiéndolas a sanciones que afectan tanto a sus líderes como a sus seguidores. La situación continúa siendo preocupante y es objeto de vigilancia internacional debido a las violaciones a los derechos humanos y la libertad religiosa que se han documentado.

