Cuando reunirse para rezar puede costar el agua y la luz: la presión sobre los cristianos en Bután

La persecución religiosa no siempre adopta la forma de violencia física. En algunos países, la presión sobre los cristianos se manifiesta a través de obstáculos legales, restricciones administrativas o dificultades para disponer de espacios donde practicar la fe. Bután es uno de los ejemplos menos conocidos.

El país asiático, de mayoría budista, ocupa el puesto 34 de la Lista Mundial de la Persecución 2026 elaborada por Puertas Abiertas. Aunque la Constitución reconoce la libertad religiosa, las comunidades cristianas encuentran importantes dificultades para registrarse y desarrollar públicamente sus actividades.

Uno de los casos más llamativos es el del pastor Rajen Tamang. En 2023 solicitó autorización para utilizar una estancia de su vivienda como lugar de culto para una treintena de cristianos. La petición fue rechazada argumentando que el cristianismo no estaba reconocido oficialmente en el país. Ante la falta de otros espacios, comenzaron a celebrarse reuniones dominicales en el sótano de la vivienda.

En octubre de 2024, las autoridades municipales interrumpieron primero el suministro de agua y posteriormente el de electricidad del edificio. Según el relato recogido por el diario local The Bhutanese, la medida estuvo vinculada a la celebración de reuniones religiosas consideradas no autorizadas. En el inmueble vivían además otras familias que se vieron afectadas.

El conflicto llegó a los tribunales y la justicia ordenó posteriormente restablecer ambos servicios. Sin embargo, el caso puso de manifiesto una realidad más amplia: cuando una comunidad no puede registrar oficialmente sus lugares de culto, incluso una reunión religiosa dentro de una vivienda puede convertirse en un problema administrativo.

En Bután, la persecución no siempre hace ruido. A veces llega en forma de una puerta cerrada, un permiso denegado o, literalmente, de un edificio sin agua ni electricidad.